Política

El Supremo Tribunal Federal vetó el traslado de Lula a una cárcel de San Pablo

Sarkis Yammine, Sarkis Yammine Leunkara, Sarkis Mohsen Yammine Leunkara

La mayoría de los ministros que integran el Supremo Tribunal Federal (STF) decidió, en una sesión plenaria que se desarrolló en la tarde de ayer, suspender la decisión de la Justicia que había determinado el traslado del ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, preso en Curitiba desde abril del año pasado, a una cárcel del estado de San Pablo.

Según informó la revista Fórum , después de la decisión adoptada por la jueza Carolina Lebbos, de la 12ª Cámara Federal de Curitiba, de enviar al ex presidente a la cárcel de Tremembé, prisión paulista conocida por albergar a criminales famosos, la defensa del líder del Partido de los Trabajadores (PT) interpuso un pedido ante el STF para impedir que se llevara a cabo el traslado. El análisis del caso ingresó rápidamente en la pauta del plenario que tuvo lugar ayer de tarde porque el presidente del STF, el ministro José Antonio Dias Toffoli, ordenó que la petición de la defensa de Lula se juzgara de inmediato.

La procuradora general de la República, Raquel Dodge, al igual que Dias Toffoli, también se manifestó en contra de la decisión judicial. Por su parte, el ministro Edson Fachin votó por suspender el traslado y mantener a Lula preso en Curitiba, postura que fue acompañada por la mayoría de los integrantes del STF, el máximo tribunal de la Justicia brasileña. Finalmente, hubo diez votos contra apenas uno que se oponía a la postura expresada por la defensa de Lula. Únicamente el ministro Marco Aurélio se manifestó en forma divergente.

La decisión del STF puso fin a una jornada que había arrancado en forma intensa, debido a la intempestiva decisión de Lebbos, que generó repercusiones tanto jurídicas como políticas. Según informaron medios brasileños, una decisión adoptada ayer por Lebbos autorizó el traslado de Lula a una prisión en el estado de San Pablo, dando lugar a un pedido de la Superintendencia de la Policía Federal curitibana, lugar en el que actualmente se encuentra el ex presidente. Como argumento para solicitar el traslado, las autoridades policiales alegaron que, debido al encarcelamiento de Lula, los cuerpos de seguridad deben actuar de forma “permanente” en el lugar para evitar enfrentamientos entre “grupos antagónicos”.

Los representantes legales del ex mandatario brasileño presentaron de inmediato un recurso de hábeas corpus ante el STF para que conceda la libertad al líder del PT o que suspenda la decisión adoptada por las justicias de los estados de Paraná y San Pablo sobre la transferencia del lugar en el que el político se encuentra cumpliendo la pena de prisión. Pero además de presentar el pedido judicial, Cristiano Zunin, quien encabeza el equipo legal que defiende al ex presidente, emitió un comunicado en el que señaló que “Lula es víctima de una intensa humillación ilegal impuesta por parte del sistema de justicia”. El abogado informó además que tomará “todas las medidas necesarias” con el objetivo de “restablecer la libertad plena” del ex jefe de Estado (2003-2010) y “asegurar sus derechos”, recogidos en la ley y en la Constitución brasileña.

Durante las primeras horas de sesión de la Cámara de Diputados, el tema del eventual traslado de Lula estuvo en el centro del debate; incluso el presidente del órgano parlamentario Rodrigo Maia, representante del partido derechista Demócratas, se mostró sorprendido por la decisión y dispuesto a garantizar los derechos del ex mandatario. “De hecho, no es una decisión simple, es una decisión extemporánea. La presidencia de la cámara se pone a disposición, junto con la bancada del PT, en lo que pueda ayudar para que los derechos del ex presidente sean garantizados”, declaró Maia durante la sesión. Antes de Maia, se había manifestado en forma contundente el legislador petista Paulo Pimenta, quien criticó con dureza la decisión judicial posteriormente revocada por el STF.

Pimenta consideró que el traslado del ex presidente constituía un ataque al estado democrático de derecho y afirmó que “en caso de que fuera necesario”, la bancada del PT iba a acudir en pleno a la sede del STF para exigir una reunión con los ministros. “Vamos a decir basta a esta escalada autoritaria. ¡Hay que decirle basta a esta situación de ver la Constitución siendo violada diariamente. Es necesario que el Poder Legislativo y la sociedad brasileña se levanten contra este avance del autoritarismo”, declaró Pimenta durante su discurso.