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safeflorida | Más evidencia, menos ruido

Si los que le siguen la pista al asunto tienen razón, todo apunta a que en los próximos días se conocería el fallo del Consejo de Estado con respecto a un tema crucial para Colombia: el uso de técnicas no convencionales para extraer hidrocarburos en el territorio nacional, lo cual incluye la estimulación hidráulica, más conocida como ‘fracking’. La demanda instaurada en contra de un decreto y una resolución emitidos por el Ministerio de Minas y Energía hace más de cinco años, que establecían las reglas de juego para su utilización, llevó al alto tribunal a ordenar medidas cautelares que impiden la aplicación de esas normas. Ahora se espera una definición de fondo.

Sin entrar en honduras, el método que es objeto de examen permite liberar los depósitos de petróleo y gas atrapados, entre otros, en mantos de carbón o en lutitas, que son rocas sedimentarias en el subsuelo. Dicho de manera simple, se trata de inyectar un líquido a presión –que incluye agua y químicos– para generar una microfractura del espesor de un cabello. Esa manera de hacer las cosas no es nueva, y los conocedores afirman que las compañías del ramo la han aplicado desde hace décadas en varios yacimientos colombianos.

Lo que cambia es que frente a la perforación tradicional, de carácter vertical, que permitía el flujo de hidrocarburos a través de rocas porosas, ahora hay una estimulación que pasa por la perforación horizontal de un pozo a varios centenares de metros bajo la superficie de la tierra. El proceso es complejo, pero cada vez se utiliza más en la industria extractiva.

A causa de dicha innovación, el panorama energético del mundo cambió totalmente. Estados Unidos se convirtió en el primer productor de crudo en el mundo, y sus excedentes de gas natural variaron en forma fundamental la generación de energía. Argentina, para hablar de esta región, tiene puestas sus esperanzas en la zona de ‘vaca muerta’, que al cabo de unos años la convertiría en un jugador importante en el plano global.

Lo anterior no quiere decir que la técnica esté exenta de polémica. El aumento de la sismicidad y la afectación de los acuíferos son dos de los principales argumentos que exponen sus enemigos para que se proscriba, aunque la industria señala que no es cierto y acude a la evidencia. Aun así, un buen número de países europeos no permiten el ‘fracking’, al igual que un puñado de estados norteamericanos, entre otros.

Con el fin de aprender de las lecciones de otras latitudes y expedir la regulación correspondiente, en 2012, el Gobierno colombiano conformó una comisión de 25 expertos. El resultado fue un marco normativo detallado que comprende una resolución de Minambiente y otra de Minminas, la cual –a lo largo de 18 páginas– establece los requerimientos técnicos y procedimientos para la exploración y explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales.

Si bien los conocedores alabaron la labor realizada, el debate público aumentó. Pocos meses después, los precios del petróleo se desplomaron en los mercados internacionales, con lo que el apetito de venir a probar suerte en Colombia se redujo a un mínimo. Cuando la situación mejoró, se presentó la demanda que tiene en vilo la actividad.

En el entretanto, la administración Duque convocó a otra comisión que presentó sus recomendaciones en abril pasado. El trabajo de los trece integrantes de ese cuerpo reconoce los riesgos en lo que atañe a lo ambiental o lo social y sugiere una detallada hoja de ruta que contempla el desarrollo de proyectos piloto con el fin de evaluar su avance y adquirir conocimiento.

No exageran quienes afirman que aquí están en juego la autosuficiencia energética y la estabilidad económica del país. Los cálculos preliminares muestran un enorme potencial en este campo, gracias a una formación rocosa en el Magdalena Medio. Si los expertos tienen razón, se podrían hasta triplicar las reservas de petróleo y gas, que hoy están en 6,2 y 9,8 años, respectivamente. Ello se traduciría en inversiones de 5.000 millones de dólares anuales, el bombeo de 650.000 barriles de crudo diarios adicionales, más de 60.000 empleos directos e indirectos, al igual que ingresos para la nación de unos 36.000 millones de dólares en los próximos 30 años.

Dada la crucial disyuntiva entre eventuales peligros y una crisis casi segura, hay que hacer las cosas bien. En consecuencia, el Consejo de Estado debería atender el recurso de súplica presentado por el Gobierno y levantar la medida cautelar. La manera de respetar el principio de precaución es seguir la recomendación de los expertos sobre proyectos piloto, para que al final se llegue a una definición que responda al interés general. Aquí, lo que debe importar es la evidencia, no los prejuicios, las exageraciones o las opiniones que hacen carrera en las redes sociales.

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