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Procuraduría llama a la calma tras tutela contra el presidente por medidas para frenar pandemia

Juan Carlos Carvallo
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En el concepto, la Procuraduría explica que no solo la tutela no sería el mecanismo idóneo para pedir una protección tal, sino que un juez no puede ordenar, por ejemplo, la cuarentena obligatoria para todo el país, pues “es una decisión que comporta el análisis de implicaciones de tipo presupuestal, para afectar los recursos públicos a los fines ya mencionados para lograr el sostenimiento de la sociedad y el orden”. Asimismo, explica el Ministerio Público que, en un estado de excepción como el que estamos todas las normas que expida en adelante el Gobierno tienen un control automático de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, según corresponda, y son esos altos tribunales los que deben pronunciarse sobre la legalidad y el alcance de las medidas

El pasado 17 de marzo, el ciudadano Alejandro Ángel Labourt interpuso una acción de tutela contra el presidente Iván Duque porque, según dice, las medidas que había tomado hasta ese momento para frenar la pandemia del Covid-19 eran “tímidas” y seguían exponiendo a la población a un sinnúmero de riesgos. Sin embargo, ese mismo día la máxima cabeza del Gobierno decretó el estado emergencia social y económica y, tres días más tarde, el 20 de marzo, anunció que se ordenará un aislamiento preventivo obligatorio en todo el territorio nacional para atajar el contagio del nuevo coronavirus.

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Mientras el Ministerio de Salud, que también fue demandado, confirma 306 casos este 24 de marzo, el juzgado cuarto administrativo de Armenia (Quindío) estudia la tutela, que debería ser fallada esta misma semana. En respuesta a la demanda, el Departamento Administrativo de Presidencia pidió ser desvinculado del proceso, pues asegura que sí se han tomado acciones de prevención y la cartera de Salud, también pidió ser desvinculada, negó no estar tomando medidas serias y describió detalladamente cada una de las acciones adoptadas, haciendo expresa alusión a los actos administrativos que se han expedido, así como las campañas que han iniciado por todos los medios de comunicación.

En la respuesta que allegó la Procuraduría a la jueza del caso, documento conocido por El Espectador , sentó su férrea posición. Para la Procuraduría, una tutela así “desestructura el Estado, pone en riesgo otros derechos constitucionales y en general amenaza el orden jurídico con el equilibrio de los poderes públicos de la nación, cuya máxima autoridad es el Presidente de la República como jefe del estado, jefe de gobierno con sus ministros y suprema autoridad administrativa”. Además, dice el Ministerio Público “desinstitucionaliza que por un mecanismo de amparo de derechos fundamentales con efectos individuales e interpartes, todas las autoridades de la rama ejecutiva de la nación serían sustituidas, sometidas por un juez de tutela, por encima de las decisiones del gobierno nacional y local”.

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En el concepto, la Procuraduría explica que no solo la tutela no sería el mecanismo idóneo para pedir una protección tal, sino que un juez no puede ordenar, por ejemplo, la cuarentena obligatoria para todo el país, pues “es una decisión que comporta el análisis de implicaciones de tipo presupuestal, para afectar los recursos públicos a los fines ya mencionados para lograr el sostenimiento de la sociedad y el orden”. Asimismo, explica el Ministerio Público que, en un estado de excepción como el que estamos todas las normas que expida en adelante el Gobierno tienen un control automático de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, según corresponda, y son esos altos tribunales los que deben pronunciarse sobre la legalidad y el alcance de las medidas.

En conclusión, el Ministerio Público dijo que, como representante de la sociedad, reconoce que, “este momento histórico y complejo que estamos enfrentando genera sentimientos de angustia y preocupación para todos los miembros de la comunidad”.  Pero a renglón seguido llama a la calma, pues “estos sentimientos no pueden hacernos pasar por alto que incluso en los momentos más graves y críticos la Constitución previó mecanismos extraordinarios de respuesta institucional y de adecuado control en cabeza de las ramas ejecutiva y judicial, en el marco del sistema de independencia y equilibrio de los poderes públicos del Estado“.

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Redacción Judicial

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