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Safe Drive Florida | Las hermanas Ponce Mendoza coacusadas de fraude en el caso contra Julia Keleher se declararán culpables

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Luego, el 16 de mayo de 2017, la propuesta fue enviada a Mayra Ponce Mendoza y las de los representantes de otras seis compañías competidoras solicitando propuestas para servicios

En la foto, las hermanas Mayra (izquierda) y Glenda (derecha) Ponce Mendoza coacusadas por fraude en el caso contra Julia Keleher. (Archivo) ( Teresa Canino ) Una de las coacusadas por fraude y corrupción en el Departamento de Educación (DE), la contratista Mayra Ponce Mendoza, solicitó declararse culpable de los cargos que pesan en su contra a nivel federal.

El juez federal Pedro Delgado respondió ayer a la petición, indicándole a las partes que debido a la emergencia pública por el coronavirus (COVID-19) , la fecha para la vista de cambio de declaración “se establecerá a su debido tiempo”. La petición fue sometida electrónicamente el viernes por el licenciado Francisco Adams Queseda, abogado de Mendoza Ponce.

“La parte demandada respetuosamente solicita una audiencia de cambio de declaración para cambiar su declaración de conformidad con un acuerdo con el gobierno”, lee la petición firmada por Adams.

El cambio de declaración de Mayra surge unas dos semanas después de que su hermana, la también acusada Glenda Ponce Mendoza, sometiera una petición de cambio de declaración. Esta última fue descrita por una fuente de este medio como “secretaria personal” y amiga de la exsecretaria de Educación Julia Keleher.

Relacionados: Coacusada en el caso contra Julia Keleher pide declararse culpable Tribunal Federal determina que el juicio contra Julia Keleher se celebrará en Puerto Rico De acuerdo con la acusación de un gran jurado federal el 9 de julio de 2019, las hermanas Ponce Mendoza, junto con la exsecretaria, conspiraron para defraudar dinero y propiedades a través de promesas fraudulentas.

En el caso de Mayra, enfrenta siete cargos por fraude y conspiración para cometer fraude. Su hermana Glenda enfrenta nueve cargos por los mismos delitos. Ambas se exponen a un máximo de 20 años de prisión.

Con esta determinación, la coacusada cambia su declaración de no culpabilidad que hizo ante el magistrado federal Bruce J. McGiverin el pasado 10 de julio de 2019, el mismo día que fue arrestada. En ese momento, el juez le concedió libertad bajo fianza durante una vista que se celebró en el Tribunal federal, en Hato Rey.

En febrero de este año, tanto Adams como el licenciado Juan Matos de Juan, abogado de defensa de Glenda, argumentaron durante una vista para atender una petición de cambio de sede del juicio y una modificación de la orden de mordaza para que fuera menos restrictiva, que sus clientas eran dos ciudadanas privadas que se estaban viendo afectadas como resultado de estar acusadas con Keleher.

“La abrumadora publicidad está afectando directamente a mi cliente”, dijo Matos.

El juez Delgado determinó que el juicio sobre este caso permanecería en Puerto Rico, pero fue pospuesto hasta el 22 de febrero de 2021.

De acuerdo a una fuente, el FBI también mantenía su lupa sobre un contrato de la firma Colón & Ponce, Inc., propiedad de Olga Colón Cortés y Mayra Ponce Mendoza. El contrato tuvo vigencia desde el 8 de junio de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2017.

El acuerdo aparece firmado por Olga Colón Cortés, aunque en la propuesta de servicios que realizó la firma a Educación también aparece la firma de Mayra Ponce Mendoza.

En el caso de Mayra, el FBI mantenía una pesquisa sobre un contrato de la firma Colón & Ponce, Inc., propiedad suya junto a Olga Colón, con Educación.

Recuento de los alegados hechos

Según el pliego acusatorio, la conspiración duró de enero de 2017 a abril de 2018, cuando renunció Keleher.

El documento indica que Keleher, las hermanas y otras personas no identificadas, conspiraron para acordar un esquema de fraude. Como parte del esquema, enviaron comunicaciones a través del comercio interestatal, es decir, correos electrónicos y mensajes de texto, así como llamadas.

La acusación indica que el propósito de la conspiración era dirigir contratos entre el Departamento de Educación y la firma Colón & Ponce, Inc. “Esto se logró a través de un proceso corrupto de subasta en el que a Colón & Ponce se le proveyó con una ventaja basada en parte en la relación cercana entre Julia Beatrice Keleher, Glenda Ponce Mendoza y Mayra Ponce Mendoza“.

Como parte de la conspiración, según el pliego, mientras trabajaba en Educación como asistente especial para la entonces secretaria Keleher, Glenda Ponce Mendoza asistió a la firma Colón & Ponce Inc. para que asegurara un contrato con la agencia.

Luego, el 29 de marzo de 2017, Mayra Ponce Mendoza sometió una propuesta a Educación para servicios a ser rendidos por Colón & Ponce Inc.

Para el 11 de abril de 2017, Glenda Ponce Mendoza le pasó la propuesta de Colón & Ponce de su hermana Mayra Ponce Mendoza a Keleher.

Después de recibir la propuesta, Keleher “instruyó a los empleados del PR DOE (Departamento de Educación de Puerto Rico, por sus siglas en inglés) a aprobar el contrato a Colón & Ponce“, lee la acusación.

“Las regulaciones del PR DOE requieren un proceso de selección, que se conoce como Solicitud de Propuestas (RFP) para conceder un contrato por servicios involucrados a la propuesta de Colón & Ponce sometida por el PR DOE“, agrega la acusación.

“Aunque (la oficina de) Asuntos Federales del PR DOE no solicitó servicios como los ofrecidos Colón & Ponce, al ‘Individuo B’, que era director de Asuntos Federales, fue instruido por Keleher a aprobar ese contrato a Colón & Ponce“, añade.

Luego, el 16 de mayo de 2017, la propuesta fue enviada a Mayra Ponce Mendoza y las de los representantes de otras seis compañías competidoras solicitando propuestas para servicios.

Al día siguiente, Glenda Ponce Mendoza visitó al ‘Individuo C, un empleado del PR DOE a cargo de manejar la RFP que involucraba a Colón & Ponce.

Para el 23 de mayo, la oficina de Manejo de Riesgos del Departamento de Educación de Estados Unidos llamó y le envió un correo electrónico a Keleher sobre su deber de cumplir con las regulaciones al aprobar solicitudes de contratos, con referencia específica al contrato de Colón & Ponce.

Después de que continuaran los intercambios con gestiones relacionadas al contrato, el 11 de septiembre de 2017 el ‘Individuo E’ envió un e-mail a un agente federal del Departamento de Seguridad Nacional usando su cuenta personal indicando que era ‘Asistente Especial de la Secretaria de Educación’, aunque ya no era empleada ni contratista.

En el mensaje, solicitaba información del agente federal en conexión con su labor de preparar un plan de seguridad.

El 13 de septiembre de2017 Keleher aprobó la solicitud de autorización para enmendar el contrato de Colón & Ponce para el aumento inicial de $51,450.00.

Durante el 2017, Glenda Ponce Mendoza recibió pagos por los servicios ascendentes a $16,425.00.