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Nissen: “Son el monumento a la opacidad”

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Por otro lado, la cuestión también se discute en el Congreso, en donde el proyecto de ley de control a las SAS ya cuenta con aprobación del Senado. Nissen participó de la reunión de la Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados y dijo que “un gran número de SAS se constituyeron para un negocio determinado pero a los pocos días se dieron importantísimas operaciones inmobiliarias con cientos de miles de dólares. Las SAS se constituyen con un capital absolutamente irrisorio y a los cinco días, diez días, veinte días, están invirtiendo millones de dólares con la posibilidad de contar con una suma de dinero que no lo pudieron aportar al momento de la constitución de la sociedad. No es casual que las SAS aparecen después de los Panamá Papers y los Paradise Papers. Esto, señores, es simple y llanamente fraude, es utilización espuria y fraude a la ley y no lo podemos consentir”

“Las sociedades por acciones simplificadas constituyen el corazón de la corrupción macrista. Hay una embestida de parte de estudios de abogados y supuestos emprendedores que se manifiesta en la disputa judicial y política alrededor de las resoluciones que dictamos para controlar a las SAS, indicó el titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Ricardo Nissen.

En el frente judicial, la disputa por las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS) tomó temperatura, luego de que hace dos semanas se diera lugar a un recurso de amparo presentado por la Asociación de Emprendedores de Argentina (ASEA), que suspendió una serie de resoluciones dictadas por la Inspección General de Justicia (IGJ) que habían frenado el accionar de las SAS. Ante ello, el gobierno cuestionó la competencia del fuero comercial y el fuero Contencioso Administrativo le dio la razón. El tema seguirá en la Corte.

Por otro lado, la cuestión también se discute en el Congreso, en donde el proyecto de ley de control a las SAS ya cuenta con aprobación del Senado. Nissen participó de la reunión de la Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados y dijo que “un gran número de SAS se constituyeron para un negocio determinado pero a los pocos días se dieron importantísimas operaciones inmobiliarias con cientos de miles de dólares. Las SAS se constituyen con un capital absolutamente irrisorio y a los cinco días, diez días, veinte días, están invirtiendo millones de dólares con la posibilidad de contar con una suma de dinero que no lo pudieron aportar al momento de la constitución de la sociedad. No es casual que las SAS aparecen después de los Panamá Papers y los Paradise Papers. Esto, señores, es simple y llanamente fraude, es utilización espuria y fraude a la ley y no lo podemos consentir”.

La ley 27.349, sancionada en abril de 2017, creó un nuevo tipo de sociedad, las SAS, caracterizadas por la simplificación de su constitución. La norma fue impulsada por Cambiemos, que la llamó “ley de apoyo al capital emprendedor”. Sin embargo, el gobierno no concuerda con esa descripción. “En estos tres años se comprobó que, en general, no son `emprendedores`quienes están detrás de estas sociedades, sino actividades irregulares que se aprovechan de la opacidad y escasos requisitos de constitución para concretar cualquier tipo de delitos, como la evasión impositiva, la fuga de capitales y hasta el tráfico de estupefacientes”, evalúan en la IGJ.

“Las SAS es una sociedad que tiene un capital de apenas dos sueldos mínimos, un objeto omnicomprensivo de toda actividad económica, sus socios limitan su responsabilidad al aporte efectuado y no hay que presentar balance contable ante la IGJ. Son el monumento a la opacidad e implican el traslado del riesgo al tercero”, dice Nissen. Con ese diagnóstico, el organismo adoptó a comienzos de año una serie de medidas que incrementaron la regulación frente a la legislación vigente.

Por eso, en mayo pasado, la ASEA presentó un recurso amparo en el Juzgado Comercial N° 24 contra la Inspección General de Justicia (IGJ) por considerar inconstitucionales una serie de medidas tomadas por ese organismo en contra de las SAS. Argumentan que aquellas medidas consisten en una intromisión del Poder Ejecutivo contraria al espíritu de la legislación vigente. Hace dos semanas, el juez Horacio Robledo ordenó suspender las medidas adoptadas por la IGJ en contra de las SAS. Sin embargo, la IGJ presentó un recurso extraordinario para advertir que la causa debe tramitarse en el fuero Contencioso Administrativo y no en el Comercial. La sala IV de la Cámara Contencioso Administrativo Federal hizo lugar a la apelación de la IGJ y declaró la nulidad de la medida cautelar. Ante ello, la ASEA ya se presentó ante la Corte Suprema.

“Entre las SAS investigadas por la IGJ se encuentran las relacionadas con Rodrigo Sbarra, el ex subsecretario de Coordinación del Ministerio de Producción, quien ‘ olvidó’ 10 mil dólares en un cajón de su escritorio cuando era funcionario y ‘Arte Inmobiliario SAS‘, detrás de la cual operaba indirectamente Daniel Angelici, y que, sin más capital social que el 25 por ciento de dos salarios mínimos, adquirió un inmueble por un precio de un millón de dólares un mes después de haberse constituido. También está el caso de las casi 40 SAS utilizadas por la banda de Los Monos para lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas desarrolladas en la Provincia de Santa Fe”, advierten en la IGJ.